La conquista y pacificación del territorio implicaba la organización y aprovechamiento de las tierras y la población sometida a Roma. A principios del siglo II a.C., los romanos dividieron sus dominios en dos provincias: Hispania Citerior (que incluía el valle del Ebro y la costa levantina) e Hispania Ulterior (que abarcaba el valle del Guadalquivir). En la época de Augusto, después de haber conquistado toda la Península, establecieron cinco provincias: Tarraconensis, con capital en Tarraco; Carthaginensis, con capital en Cartago Nova; Baetica, con capital en Corduba; Lusitania, con capital en Emerita Augusta; y Gallaecia, con capital en Bracara. Finalmente, en el siglo IV se creó la provincia Balearica. Cada provincia estaba dirigida por un gobernador, quien estaba bajo la autoridad directa del emperador o del Senado romano. Este gobernador supervisaba una serie de funcionarios encargados de asuntos administrativos, jurídicos, militares y fiscales.
De manera similar, Roma impuso las estructuras económicas de su sistema, que incluían la formación de latifundios, la propiedad privada de la tierra, la utilización de mano de obra esclava, el desarrollo de la ciudad como centro de producción e intercambio de mercancías, y el uso de la moneda. Esta imposición estableció una estructura social basada en la formación de clases según la riqueza: una aristocracia reducida compuesta por senadores y caballeros que poseían cargos, tierras y fortunas; una burguesía acomodada formada por comerciantes y propietarios de villas agrícolas; y un numeroso grupo de trabajadores libres, campesinos y artesanos. Además, los esclavos, privados de todo derecho, se generalizaron y fueron abundantes en el trabajo agrícola, minero y artesanal.
